Tratado de Guadalupe Hidalgo: capítulo nefasto en la historia mexicana

El Tratado de Guadalupe Hidalgo, así llamado porque fue firmado en la sacristía de la Basílica de Guadalupe el 2 de febrero de 1848, pone fin a la Guerra de Intervención Norteamericana. Dicho tratado estableció que México cedería casi la mitad de su territorio, que comprendía la totalidad de lo que hoy son los estados de California, Arizona, Nevada y Utah, y parte de Colorado, Nuevo México y Wyoming, como compensación, los Estados Unidos pagaría 15 millones de dólares por daños al territorio mexicano durante la guerra. Este tratado fue suscrito por los políticos conservadores Bernardo Couto, Miguel Atristán y Luis G. Cuevas, representantes de México y por Nicholas P. Trist, representante de Estados Unidos.

Algunos notables aspectos del tratado son los siguientes: se estableció al Río Bravo o Río Grande como la línea divisoria entre Texas y México; también se estipulaba en el documento que serían respetados los derechos civiles y de propiedad de los mexicanos que permanecieran en el nuevo territorio estadounidense, lo cual no se cumplió. Además, Estados Unidos aceptó patrullar su lado de la frontera y los dos países aceptaron dilucidar futuras disputas bajo arbitraje obligatorio. Sin embargo, antes de ser plenamente ratificado, el tratado sufrió modificaciones importantes en los artículos IX y X, además de modificaciones menores, pero significativas, en otros artículos. El artículo IX fue suprimido en su totalidad, y reemplazado por uno enteramente nuevo, que establecía que en vez de que los mexicanos en los territorios cedidos conservaran por un año sus derechos civiles, y de establecer su igualdad con los otros habitantes de los Estados Unidos de América, el nuevo artículo permitía al Congreso norteamericano, admitirlos a su discreción, como ciudadanos de los Estados Unidos de América. El artículo X, el cual garantizaba la protección de las concesiones de tierras dadas a los mexicanos por los gobiernos de España y de México, fue suprimido y no reemplazado. En el artículo XI se elimina la restricción de venta de armas de fuego a los indios. En el artículo XII se suprime la elección de la forma de pago de la compensación que debe recibir México. En el artículo XXIII, se agrega que el canje de ratificaciones se hará donde estuviese el Gobierno mexicano. Y finalmente, se suprime el artículo adicional y secreto del Tratado.

Con el Tratado, se adjuntó un protocolo para establecer una interpretación formal del texto legal del Tratado, para evitar malinterpretaciones en perjuicio de cualquiera de las dos partes. En este protocolo, el gobierno de Estados Unidos indica que, a pesar de haber suprimido el artículo IX y sustituirlo por el de Luisiana, no se disminuyen los derechos de los mexicanos, sino que se encuentran integrados en el artículo III del Tratado de Luisiana, por lo cual, son equivalentes. Al suprimir el artículo X, el Gobierno norteamericano indica que, no se pretende anular las concesiones de tierras hechas por México en los territorios cedidos, pues éstas conservan su valor legal. También alega, que, al suprimir gran parte de la descripción de la forma de pago en el artículo XII, no se pretende dejar de pagar dicha compensación.

Antecedentes de la Guerra de Intervención Norteamericana

Las principales causas de la guerra eran la política de inmigración mexicana, y el afán expansionista de los Estados Unidos de América. El Gobierno de México tuvo que impulsar la colonización de los territorios del norte, entre ellos las Californias, el Nuevo México y Texas, cuya población total no excedía los 50,000 ciudadanos mexicanos, esto debido a que el país estaba en una situación lamentable después de la Guerra de Independencia con España. Por tal razón planteó una política de colonización muy sencilla en la cual se venderían grandes cantidades de terreno a precios irrisorios, a crédito y con exención de impuestos y de aduanas por 5 años, a todo extranjero que quisiera convertirse en ciudadano mexicano, aprendiera a hablar español, fueran católicos y se comprometiera a acatar las leyes mexicanas. Para facilitar las cosas, se sugirió al Gobierno que se otorgaran concesiones, permitiendo a una persona colonizar una porción importante de territorio y recibir tierras a cambio de sus servicios. Esta concesión fue ratificada por la República Federal. A esta primera concesión les siguieron muchas más. Muchos norteamericanos aceptaron pagar a los concesionarios precios exorbitantes ya que costaban una décima parte de lo que costaba una concesión de tierra equivalente en los Estados Unidos.

El propósito de México de impulsar la colonización de su país era porque la producción de productos manufacturados estaba detenida, el campo estaba en estado lamentable, la hacienda pública estaba quebrada, y las luchas por el poder no hacían más que consumir a la población en la confusión y el miedo. Mientras tanto, los Estados Unidos tenía una industria creciente, una economía floreciente, y una población que crecía aceleradamente. Estados Unidos acababa de adquirir los territorios de la Luisiana a Francia y las Floridas a España, pero aún soñaban con extender sus territorios hasta el pacífico, por cualquier medio que fuera necesario.

La colonización impulsada por México comienza con un gran número de personas procedentes de otros países que se asentaron en las fértiles planicies de Texas y se convirtieron en ciudadanos leales, pero también llegaron multitudes de ciudadanos norteamericanos que sólo superficialmente aceptaron las condiciones exigidas. Los norteamericanos entraban de manera ilegal, para apropiarse de terrenos vacíos y explotarlos sin retribuir nada al Gobierno mexicano. También comenzaron a rebelarse contra el gobierno establecido. El general Manuel de Mier y Terán fue enviado para observar y diagnosticar la situación.

Mientras tanto las relaciones entre México y Estados Unidos se estaban deteriorando ya que éste insistía en la anexión de Texas, citando como prueba el tratado de compraventa de la Luisiana, que según ellos incluía todo ese territorio mexicano. La posición de México fue contundente: sólo aceptaría los límites del Tratado de Adams-Onís de 1819, que señalaba los límites territoriales entre el territorio de la Nueva España y los Estados Unidos. No obstante a la legalidad del Tratado, Estados Unidos se limitó a dar por hecho la anexión y colonización de Texas.

El gobierno mexicano trato de controlar la situación proponiendo el establecimiento de presidios, la colonización del territorio por mexicanos y europeos, así como el establecimiento de aduanas. Se promulga una Ley de Colonización por la cual pretendía obstaculizar la llegada masiva de ciudadanos norteamericanos a Texas. La ley pretendía regular la colonización, al darse cuenta de la situación, según el informe del general Mier y Terán. En el 1829 los anglos aventajaban en número de ocho a uno a los mexicanos. Pero en aquellas circunstancias, era ya imposible controlar la provincia.

Este ha sido el capítulo más nefasto en la historia mexicana. El tratado que cerró la página más negra del México independiente fue uno de las peores crímenes en la historia de la humanidad. México fue despojado de cerca de 2 millones 300 mil Km² de territorio; lo que equivalía a más de la mitad del territorio de esa época, mientras para los Estados Unidos fue un significativo crecimiento territorial en su contínuo expansionismo geopolítico.